España tiene desde hace treinta años uno de los mercados laborales más intervenidos del mundo. Además, sindicatos y patronal tienen un enorme poder en la fijación de las condiciones de trabajo de millones de españoles. Sin embargo, casi nadie le recuerda esto a las centrales sindicales cuando se quejan sobre el paro y convocan sus manifestaciones y sus huelgas.
Con una representación entre los trabajadores mínima (apenas alcanzan, según sus cifras infladas, el 10% de afiliación), las grandes centrales, CCOO y UGT, saben que si pierden su poder en la negociación colectiva quedarían completamente fuera de juego. Su control sobre el mercado laboral y su influencia social y mediática caerían. Por eso, se aferran a este mecanismo, aun a pesar de los estudios que aconsejan cambiar el sistema de indiciación de salarios e inflación.
Hasta ahora, todos los gobiernos se han preciado de buscar el pacto social como si fuera un requisito imprescindible para acometer cualquier reforma laboral. ¿Qué porcentaje de culpa tiene esta actitud en la consolidación de ese paro estructural que afecta a la economía española? Alberto Recarte, en su último artículo explica con precisión como los sindicatos consiguieron mantener su poder con Felipe González y José María Aznar.
Ahora, según todas las informaciones, volverán a hacerlo: en la primera reforma laboral no se tocó el tema y en las negociaciones que ahora mantienen Gobierno, patronal y sindicatos, parece que se mantendrán algunos de los elementos que más rigidez imponen al mercado laboral español.
El error de González y Aznar
En opinión de Alberto Recarte, uno de los grandes errores de la política económica española en los últimos treinta años ha sido mantener un sistema de negociación colectiva que daña gravemente la "competitividad" de las empresas. Así, el primero en caer fue Felipe González que, aunque "se enfrentó a los sindicatos y ganó todas las batallas, perdió la guerra, porque nunca se atrevió a hacer la reforma definitiva del mercado de trabajo y porque intentó recuperar el apoyo popular, erosionado en su pelea con los sindicatos, mediante políticas expansivas del gasto público que se tradujeron en grandes déficits públicos".
Sin embargo, tampoco estuvo mucho más acertado en este aspecto José María Aznar, puesto que, a estos mismos sindicatos "derrotados", les ofreció un pacto que permitía "fijar los salarios en función de la inflación esperada por el Gobierno, con la salvedad de que los salarios se ajustarían si el objetivo de inflación se sobrepasaba en cada mes de noviembre. El Gobierno del PP, en su afán de volver a ganar las elecciones y ser considerado como un Gobierno de centro, cometió ese segundo error, que resultó fatal para la competitividad de la economía; con un agravante: que toda la economía quedó indexada a la inflación a través del sistema de convenios colectivos, que era tan cáncer entonces como ahora".
La nueva reforma
Desde hace meses, prácticamente todos los expertos inciden en que es imprescindible modificar el actual sistema de negociación colectiva si se quiere que la economía española gane en competitividad. Incluso desde Alemania se han sucedido las voces que piden que los salarios se ajusten a la productividad y no a la inflación. La cuestión es si esa reforma que se da por supuesta tocará los aspectos clave o se quedará meramente en una cuestión cosmética. Viendo las declaraciones de los implicados en los últimos días parece más probable esta segunda opción.
Este jueves por la noche se reunieron en Moncloa el presidente del Gobierno, su ministro de Trabajo, Juan Rosell (presidente de la CEOE) y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez. Aunque no ha habido rueda de prensa tras el encuentro, todas las partes han asegurado que el acuerdo está "cerca" y que se firmará en los próximos días, aunque no antes de las elecciones del 22-M.
Rubalcaba: "se aproximaron posiciones"
De esta manera, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo este viernes que tras la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los dirigentes de la patronal y los sindicatos para tratar la reforma de la negociación colectiva, "se aproximaron posiciones".
"La reunión fue bien, fue positiva", aseguró Rubalcaba, aunque eludió dar detalles del contenido del encuentro, así como de la fecha para un posible acuerdo, ya que consideró que son las partes negociadoras quien deben comunicarlo. Rubalcaba insistió en que el objetivo del encuentro era impulsar el acuerdo para la reforma de la negociación colectiva y del mismo "salieron mejor" y se aproximaron posiciones. Añadió que la voluntad del Gobierno es "echar una mano" para que la negociación termine cuanto antes y para que haya un acuerdo porque, a su juicio, "no hay mejor cambio del sistema de la negociación colectiva que aquel que se acuerda entre las partes".
CCOO: límites rojos
Por su parte, el secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, ve factible cerrar el acuerdo sobre la negociación colectiva durante los próximos días, o como mucho, a finales de mayo. Gorriz ha apuntado que, si finalmente se cierra el acuerdo, significará "un gran cambio en la cultura de las relaciones laborales de este país" y que de una vez por todas "sean los sindicatos y los empresarios quienes gobiernen la negociación colectiva". El dirigente sindical ha recordado que los objetivos de esta reforma se centran en conseguir que se "evite la judicialización de la negociación colectiva y se convierta en un elemento clave de los sujetos legitimados", empresarios y sindicatos. Gorriz ha añadido que en el marco de esta reforma los sindicatos plantean la necesidad de reforzar la flexibilidad interna de las empresas cogobernadas entre organizaciones empresariales y sindicales, con la intención de evitar que una empresa con problemas económicos no sólo tenga como solución despedir sino también adecuar las condiciones de trabajo.
Eso sí, el secretario general de CC.OO en Cataluña, Juan Carles Gallego, ha remarcado por su parte que los límites rojos en esta reforma y que no aceptaran "bajo ningún concepto" son "perder la validez general de los convenios, cosa que parece ser que ya está aparcada" y sobretodo que "una vez finalice un convenio los trabajadores se queden sin convenio".