Seguramente, si se pidiera a un observador imparcial que definiera las tres grandes causas de la crisis que afecta desde 2008 a la economía española citaría la explosión de la burbuja inmobiliaria; la crisis financiera, especialmente entre las cajas de ahorros, derivada de la exposición de los bancos al ladrillo; y la deuda pública, generada por el incremento irresponsable del gasto de las administraciones públicas. Todas las regiones comparten este diagnóstico: la que no tiene una caja con problemas, posee miles de pisos vacíos o un Gobierno autonómico especialmente derrochador.
Pero en Castilla-La Mancha están las que quizás sean los iconos más significativos de esta gran recesión que no parece tener fin. Allí, además, tendrá lugar una de las batallas más mediáticas de los próximos comicios, con María Dolores de Cospedal (secretaria general del PP) luchando por arrebatar a José María Barreda uno de los históricos bastiones del poder autonómico del PSOE.
Seseña, Aeropuerto, CCM
Quizás el símbolo más evidente de la etapa de expansión de la locura del ladrillo que se apoderó de España entre el año 2000 y el 2007 sea la urbanización para casi 60.000 habitantes que en Seseña, un pueblo de Toledo de apenas 13.000 vecinos, levantó Francisco Hernando, el Pocero.
También en la comunidad castellano manchega tenía su sede social la primera víctima del descontrol crediticio del sistema financiero español. Caja Castilla-La Mancha (CCM) tuvo que ser intervenida por el Banco de España, ante el temor de que su caída arrastrase a otras entidades o provocase un pánico entre los clientes.
Y si alguna obra simboliza la irracionalidad que rodeó a muchos proyectos megalómanos, construidos gracias a la facilidad crediticia y al impulso de los gobiernos regionales, ésa es la del Aeropuerto de Ciudad Real, vendido en su momento casi como una terminal sur del de Barajas y que ahora languidece, sin clientes, sin aviones y sin ingresos, en medio de la meseta castellana.
Más Gobierno y menos riqueza
Habrá quien piense que todo lo anterior pudo surgir casi por casualidad. Sin embargo, el caldo de cultivo de una mala regulación y un fuerte intervencionismo pudo ayudar. Porque hay pocas cifras de las que se pueda alegrar el Gobierno socialista que se presenta a la reelección. Según el último índice de Libertad Económica publicado por Civismo, Castilla-La Mancha es la decimoquinta entre 17 CCAA españolas en cuanto a su calidad de regulación. Es más, en cinco apartados de los 12 en que se divide este estudio, está en los dos últimos puestos: educación, gasto público, esfuerzo fiscal de sus habitantes, empleo público y transferencias.
Clasificación de Castilla-La Mancha en el Índice de Libertad Económica
Esto presenta una región con un fuerte gasto público, que tiene uno de los niveles impositivos más altos del país, con un alto porcentaje de funcionarios entre su fuerza laboral y un sistema educativo deficiente.
Quizás el aspecto donde más pueda reprocharse a José María Barreda sea el del gasto público, que se ha disparado y que ha arrastrado consigo a la deuda autonómica, una de las principales fuentes de preocupación en estos momentos. En 2003, La Mancha era la región con una menor tasa de deuda pública respecto del PIB, con un 3%. Pues bien, a finales de 2010, ya era la segunda con un mayor porcentaje, un 16,5% (sólo por detrás de Valencia), lo que implica multiplicar por cinco el nivel en apenas ocho años.
Barreda, el gran derrochador, ha pasado de tener unas cuentas más o menos saneadas a estar a la cola de las autonomías, y la tendencia no parece haber cambiado, puesto que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue uno de los gobiernos regionales a los que Salgado devolvió las cuentas, por no cumplir con los objetivos de restricción del gasto público.
Vivienda
Si en el terreno político, los números rojos de la administración regional son la mejor imagen de la crisis; en el campo social, son las viviendas deshabitadas, los polígonos a medio construir y las promociones no comenzadas los mejores ejemplos de los errores cometidos en los últimos años.
El parque de viviendas en la región ha pasado de 988.555 en 2001 a 1.251.760 en 2009, un incremento del 27%, el segundo más importante de toda España tras el de Murcia. Por eso no es casualidad que el stock de viviendas vacías sea de 2.629 por cada 100.000 habitantes, el segundo más elevado del país (sólo por detrás de La Rioja).
Todo lo anterior ha provocado que Castilla-La Mancha, una de las regiones más pobres cuando la democracia llegó a España, no sólo no haya subido puestos en esa clasificación, sino que los haya perdido en los últimos quince años.
Así, en 1995, los manchegos estaban en el 14º puesto por PIB per cápita entre las 17 CCAA. Con 9.324 euros alcanzaban el 82% de la riqueza media nacional. En 2010, según las cifras del INE, habían incrementado esa renta hasta los 17.196 euros, lo que sólo suponía un 76% del PIB español y les mandaba al 15º puesto en la liga autonómica.
Las elecciones: Cospedal vs Barreda
Con todos estos condicionantes, las elecciones del próximo 22 de mayo se presentan apasionantes, con dos pesos pesados de los principales partidos nacionales luchando en una pelea que las encuestas pronostican que se decidirá por un puñado de votos. Castilla-La Mancha ha sido tradicionalmente un feudo del PSOE, que controla el Gobierno regional desde la aprobación del Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, en la última década, las elecciones generales han visto tres victorias consecutivas del PP que, sin embargo, no ha sido capaz de trasladar estos éxitos a los comicios autonómicos. Por eso, desde las filas populares se ve esta comunidad como la más fácil de arrebatar a los socialistas. Sólo sería necesario que los que les votan en las generales, vuelvan a hacerlo en las regionales.
Para conseguirlo, Mariano Rajoy envía nada menos que a su número dos, María Dolores de Cospedal, a luchar contra José María Barreda, un duro rival (quizás la figura del PSOE que más se ha intentado alejar del zapaterismo). El último sondeo del CIS daba 25 diputados al PP por 24 de sus rivales. Pero, por como está distribuido el reparto de escaños entre las provincias, una subida de uno o dos asientos depende de apenas unas pocas papeletas.