Allá por 2003, la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, muy progresista a tenor de sus cifras de paro, decidió hacer una ley para potenciar su capacidad de cooperar con el desarrollo de los pueblos del planeta todavía más desfavorecidos que el castellano-manchego.
Fruto de esta preocupación del socialismo del terruño fue la Ley 3/2003 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que entre otras cosas enaltece al movimiento de organizaciones "no gubernamentales" (sic) hasta considerarlo la piedra de toque de todo el edificio solidario alzado con fondos públicos.
Pues bien, constituidas las ONG castellano-manchegas en plataforma solidaria bajo la denominación de "Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo, la Junta ya no tiene que realizar una pesada convocatoria anual de subvenciones para que los gestores de la solidaridad pasen varios días atendiendo los numerosos requerimientos burocráticos. Es todo mucho más sencillo. Como si de un órgano más de la administración se tratara, la coordinadora recibe una subvención directa, anotada como tal en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que este año anuncia el boletín oficial de la región mediante la publicación del correspondiente decreto.
Las comunidades autónomas no sólo realizan actividades de cooperación exterior que nadie les ha solicitado porque ninguna de ellas tiene ni competencias ni dinero para ello, pero, inasequibles al desaliento, continúan siendo las intermediarias entre el bolsillo de los honrados ciudadanos y las cuentas bancarias de las corporaciones del mercado de la solidaridad.
En Castilla La Mancha ya ni siquiera tienen que rellenar un formulario. Unos añitos más y nos meterán directamente la mano en el bolsillo. Si los que quieren montar una empresa tuvieran tantas facilidades igual hasta habíamos empezado ya a salir de la crisis.