Portugal alcanzó el martes un acuerdo con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el plan de rescate internacional. Portugal recibirá 78.000 millones de euros en tres años, a un tipo de interés que en principio podría situarse en 200 puntos básicos por encima del coste financiero que registre el Fondo europeo de rescate.
El Memorandum acordado entre Lisboa, el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el FMI, está formado por 34 páginas e incluye todo un listado de ajustes presupuestarios y reformas económicas y administrativas a fin de reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2012. Las condiciones exigidas se resumen en tres bloques: políticas fiscales entre 2011 y 2014; supervisión y regulación del sector financiero; reformas estructurales; mercado laboral y educación; mercado de bienes y servicios; mercado inmobiliario; y condiciones adicionales referidas a reformas en la Justicia y el marco regulatorio.
Sin embargo, el amplio recetario se resume en más recortes de gasto público, subidas fiscales, privatización de empresas, liberalización de sectores y un plan de ayuda a la banca lusa. Se trata de un ajuste histórico, como inédito es el plan de rescate europeo, que afectará a la mayoría de los portugueses y, sobre todo, a la actual estructura estatal.
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Las condiciones exigidas por las autoridades internacionales tienen dos fines básicos: reducir el déficit e implementar reformas para tratar de impulsar el crecimiento.
Los objetivos de reducción de déficit presupuestario se extenderán, por lo que Lisboa deberá recortar su déficit a un 5,9% del PIB este año (10.000 millones de euros), en 2012 el déficit deberá ser reducido a un 4,5% (hasta los 7.645 millones), para que en 2013 éste alcance un 3% (5.224 millones).
Y es que, el objetivo inicial de Lisboa consistía en reducir dicho desequilibrio al 4,6% del PIB este año, al 3% en 2012 y al 2% en 2013, según preveía el último Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC IV). El cambio se debe a que la oficina estadística de la UE (Eurostat) ha descubierto un déficit público mayor al anunciado oficialmente por el Gobierno luso. Así, Portugal cerró 2010 con un déficit del 9,1% frente al 7,3% que se había marcado el Gobierno.
Este ajuste presupuestario se tratará de lograr tanto reduciendo gasto público como aumentando los ingresos fiscales entre 2011 y 2014. Entre las distintas medidas, destacan las siguientes:
Medidas fiscales
Menos pensión: las pensiones públicas de más de 1.500 euros al mes sufrirán recortes progresivos de entre el 3,5% y el 10%, tal y como estaba contemplado en el PEC IV. De este modo, en principio se excluye la posibilidad de un recorte generalizado (a partir de 600 euros al mes). Sin embargo, se congelará la revalorización de las pensiones (a excepción de las mínimas) en 2012 y 2013, con lo que la mayoría de pensionistas lusos perderán poder adquisitivo según suban los precios (inflación).
8.000 funcionarios menos al año: no están previstos despidos directos. Sin embargo, el Gobierno continuará reduciendo el personal del sector público, al cubrir tan sólo parte de las plazas que vayan quedando vacantes. En concreto, se prevé un descenso anual del 1% entre los trabajadores de la Administración central y del 2% en la local y regional entre 2012 y 2014. Todo ello implicaría la salida de, al menos, 8.000 funcionarios al año. Los salarios públicos también se congelarán en 2012 y 2013, se limitarán las promociones internas dentro de la Administración y se reducirán las prestaciones sanitarias de los funcionarios.
Profunda reforma de la prestación de paro: la prestación de desempleo pasará a tener una duración máxima de 18 meses frente a los 3 años actuales. Además, el subsidio quedará reducido a un máximo de 1.048,05 euros al mes frente a los 1.257,66 actuales (cerca de un 20% menos). Además, para incentivar la búsqueda activa de empleo, los parados verán reducida su prestación en un 10% adicional, como mínimo, y de forma progresiva, tras seis meses buscando empleo.
Se congelan infraestructuras: los grandes proyectos de infraestructuras en marcha quedan, temporalmente, en suspenso, a la espera de que se acuerden todos los detalles del rescate. En este ámbito destaca, sobre todo, la paralización de la construcción del AVE Lisboa-Oporto hasta el término del plan de rescate. También se prevé congelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Lisboa, al menos la financiación pública. Asimismo, se revisarán de forma general los acuerdos de colaboración público-privada (concesiones) en la gestión de infraestructuras a fin de reducir costes para el Estado.
Más impuestos
El acuerdo inicial también prevé eliminar las deducciones fiscales a la compra de vivienda y subidas tributarias sobre los bienes inmuebles para desincentivar este tipo de inversiones; asimismo, también se prevé aumentar el IVA; se reducirán las deducciones fiscales a las empresas y se eliminarán los tipos mínimos del Impuesto de Sociedades; también se bajarán y eliminarán deducciones fiscales en el impuestos sobre la renta; se subirán los impuestos especiales al tabaco, la electricidad y la compra de coches; se combatirá con más fuerza la evasión y el fraude fiscal.
Transferencias, sanidad y educación
El documento contempla recortes de las transferencias a autoridades locales y regionales; respecto a la sanidad, se rebajarán los costes operativos de los hospitales, se fomentará el uso de genéricos, se racionalizarán los servicios de especialidades y de emergencia, y se cortarán "sustancialmente" las deducciones fiscales para gastos relacionados con la salud.
En cuanto a la educación, se propone reducir costes a través de una reestructuración de la red de colegios.
El Estado entrará en la banca
El paquete contempla también ayudas públicas por valor de hasta 12.000 millones de euros a la banca lusa, en caso de que sean necesarias, cuyas ratios de capital (Tier 1) deberán subir hasta el 9% este año y al 10% a finales de 2012. El Estado entraría así en el capital de la banca para asegurar su solvencia, aunque la gestión de las entidades intervenidas seguiría en manos privadas. La entrada de capital público sí conllevaría restricciones salariales y en los bonus de los directivos.
Privatizaciones
La "troika", como se conoce al equipo de Bruselas y el FMI, insta asimismo a Lisboa a "acelerar su programa de privatizaciones", que incluye empresas como la aerolínea TAP, las firmas energéticas Galp, EDP y REN, o Correos, entre otras. Además, el banco BNP deberá ser privatizado este año. En concreto, BNP tendrá que ser vendido sin establecer ningún tipo de precio mínimo. Para facilitar su venta, el Estado luso podrá asumir los activos tóxicos (créditos dudosos) que acumula la entidad, y que ya fueron segmentados el pasado año a través de varios vehículos financieros.
Reforma laboral
En el ámbito de las reformas destaca el mercado laboral. El acuerdo establece un "gran recorte" en la cuota única de la Seguridad Social que pagan las empresas. Para compensar esta pérdida y no poner en mayor riesgo el sistema de pensiones, el Estado subirá otro tipo de impuestos como, por ejemplo, el IVA.
Por otro lado, aunque ya estaba previsto antes de la petición del rescate, Portugal reducirá la indemnización por despido en las futuras contrataciones. Dicha indemnización será igual tanto en los empleos temporales como indefinidos: 20 días por año trabajado, cuyo coste será sufragado a partes iguales por la empresa y el Estado.
Además, al contrario de lo que establece ahora la legislación, se permitirán los despidos cuando el trabajador no reúna las condiciones actuales que requiera su puesto o cuando no cumpla con los objetivos por razones atribuidas a su responsabilidad.
La oposición rechaza el acuerdo
El acuerdo requerirá un amplio apoyo de todos los partidos, ya que la caída del Gobierno de Sócrates el mes pasado -que aumentó el coste del endeudamiento y obligó a Lisboa a buscar un rescate- implica que el ganador de las elecciones generales anticipadas del 5 de junio tendrá que implementarlo.
El líder del partido opositor Social Demócrata, Pedro Passos Coelho, dijo que estaba listo para reunirse con las autoridades internacionales. Cualquiera de los términos del rescate que necesiten aprobación parlamentaria tendrán que recibir el visto bueno después de las elecciones.
Estos detalles del plan de ajuste para el país luso se han dado a conocer en un ambiente de precampaña electoral por los comicios del próximo 5 de junio y han provocado el rechazo de los sindicatos y los partidos de la izquierda marxista lusa, que rechazaron la opinión del Gobierno de que éste es un "buen acuerdo", como dijo ayer el primer ministro José Sócrates.
De hecho, la principal central sindical portuguesa, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, de tendencia comunista), consideró las medidas económicas que exige la ayuda financiera de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) una amenaza para el futuro del país y los derechos sociales.