El rescate financiero de Portugal que prepara un equipo de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entró esta semana en su fase final, mientras la presión sobre la deuda lusa continúa. Los intereses de los bonos lusos en el mercado secundario se mantenían el lunes por encima del 11,8% a dos y cinco años, mientras que a diez años subieron hasta superar el 9,7%, casi el triple de los bonos alemanes, utilizados como referencia. De hecho, esta misma mañana, la rentabilidad de los bonos a dos años volvía a batir un nuevo récord en la era euro, tras rozar el 12,1%
Un portavoz de los representantes de la UE y el FMI, conocidos en Lisboa como la "troika", explicaba el lunes que el documento elaborado por los expertos de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI ya está listo después de tres semanas de trabajo, informa Efe.
Y una vez concluido ya se han filtrado algunas de las claves que contiene el plan. En primer lugar, las autoridades internacionales estiman que Portugal precisará de un rescate superior a los 100.000 millones de euros para evitar la suspensión de pagos, frente a los 80.000 millones previstos inicialmente. Esta cuantía servirá, en teoría, para cubrir las necesidades financieras del Estado y del sistema financiero luso. Así, casi 10.000 millones irían destinados a reforzar el capital de la banca portuguesa, en función de las necesidades que estipulen los nuevos stress test (pruebas de solvencia) que están realizando los países europeos.
Por otro lado, según los propios cálculos del Gobierno luso, Portugal precisará cerca de 54.000 millones de euros para amortizar deuda y pagar los intereses que ya tiene contraídos. En concreto, el Tesoro luso debe devolver por estos conceptos 18.300 millones hasta el próximo diciembre, otros 21.900 en 2012 y 13.700 en 2013. Además, si a ello se suman los 18.400 millones de déficit público extra que ya preveía el último Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC IV), hacen un total de 72.400 millones, con lo que el rescate de 80.000 millones previsto inicialmente no será suficiente.
Por otro lado, la ayuda internacional exigirá profundas reformas y nuevas medidas de ajuste, tal y como ya aconteció en el caso de Grecia e Irlanda. Así, Portugal deberá aplicar recortes sobre las pensiones públicas que superen los 600 euros al mes. El PEC IV ya contemplaba rebajas sobre los pensionistas de más de 1.500 euros, pero las autoridades de la UE y el FMI lo consideran insuficiente para contener el gasto público. Ésta será una de las medidas más duras e impopulares, según las distintas propuestas que se han barajado en la mesa de negociación.
Pero más allá de una mayor austeridad presupuestaria, la UE y el FMI impondrán también profundas reformas económicas, tales como el recorte de costes burocráticos y administrativos o una mayor flexibilidad del mercado laboral para abaratar y facilitar el despido. La banca tendrá que reforzar sus ratios de capital y reducir su nivel de endeudamiento, mientras que el Estado deberá privatizar empresas públicas.
Así pues, el plan contempla dos objetivos básicos: reformas estructutales que impulsen el crecimiento económico en áreas como el sector público, el mercado laboral, la Justicia y el sistema sanitario, entre otros; y garantizar la solidez de la banca, reforzando los recursos del Estado para poder acometer la recapitalización de entidades débiles o insolventes.
Pese a todo, el problema reside en las reticencias que muestran algunos países de la zona euro para rescatar a Portugal. Es el caso de Finlandia que, en pleno proceso de formación de Gobierno, amenaza con no apoyar el plan. El partido "Verdaderos Finlandeses", que opta a gobernar en coalición con los conservadores, insiste en que el rescate de países ha fracasado y se niega a prestar asistencia a Portugal.
Además, rechaza la creación del Mecanismo Permanente de rescate a partir de 2013 y la ampliación del actual Fondo. El rescate luso será, previsiblemente, discutido para su aprobación en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) del 16 y 17 de mayo, y para ello debe precisar de una acuerdo unánime por parte de los socios comunitarios.
El análisis de las necesidades financieras de Portugal y el resultado de las conversaciones mantenidas con los sectores más representativos de la economía y la política lusa, que han servido para preparar el paquete de asistencia, se han prolongado durante tres semanas, desde el pasado 12 de abril. Las negociaciones han estado encabezadas por representantes del BCE, la Comisión Europea y el FMI y el Ejecutivo portugués. Una vez aprobado definitivamente, el Gobierno luso -en funciones desde la dimisión del primer ministro, el socialista José Sócrates, el pasado 23 de marzo- será el encargado de enviar el texto a la oposición para su discusión.