La polémica levantada la semana pasada por Telefónica anunciando un ERE para prejubilar al 20% de su plantilla en España no ha hecho sino comenzar. A lo largo del fin de semana se han sucedido las declaraciones contrarias a la decisión y las peticiones al Gobierno para que modifique la legislación e impida, de esta manera, que tal medida pueda llevarse a cabo.
Según lo escuchado este lunes, parece que la iniciativa podría tener éxito. Desde el Gobierno, Valeriano Gómez y José Blanco han asegurado que se encarecerán las prejubilaciones, especialmente para las empresas con beneficios. Desde la oposición, el PP, IU, CiU y Esquerra abogan (aunque cada uno a su manera) con dificultar esta opción o incluso prohibirla.
Sin embargo, las empresas recuerdan que las prejubilaciones son un acuerdo bilateral compañía-empleado. De hecho, en los foros de internet de empleados de Telefónica se celebra el anuncio. Las condiciones de las anteriores prejubilaciones (tanto en banca como en otras grandes empresas) fueron muy positivas y muchos se preguntan si ahora les tocará a ellos. Incluso los sindicatos de la empresa están bastante callados, puesto que saben que sería impopular oponerse. Pero conociendo todo esto, ¿por qué los partidos se muestran tan belicosos en la cuestión?
¿En qué consisten las prejubilaciones?
Aunque llevamos mucho tiempo oyendo hablar de prejubilaciones, lo cierto es que en el derecho laboral español no existe este concepto. Hay jubilaciones anticipadas y voluntarias desde los 63 años (eran 61 antes de última la reforma) para trabajadores con muchos años de cotización; también hay jubilaciones parciales para aquéllos que complementan una pensión con un contrato a tiempo parcial.
Las prejubilaciones son acuerdos empresa-trabajador. En teoría, nadie más tendría que opinar sobre el tema. Si hay polémica es porque desde los medios se repite que el Estado tendrá que hacerse cargo de estas prejubilaciones. Pero, ¿en qué medida esto es cierto?
Paro-indemnización-cotización
Normalmente, la prejubilación consiste en un pacto por el que la empresa se compromete a mantener el nivel adquisitivo del empleado hasta que llegue el momento de la edad legal de retiro (si no el 100%, al menos una cantidad entre el 80 y el 90%). Además, la compañía suele firmar que cotizará por el trabajador para que éste pueda retirarse con la pensión que le corresponda.
El problema es cómo se articula esto. Normalmente, consiste en un acuerdo en tres fases. En primer lugar, la empresa despide al trabajador, que pasa a apuntarse al INEM y a cobrar los dos años de paro a los que tiene derecho. Durante este período, la compañía sólo paga la diferencia entre la prestación y lo prometido a su empleado.
Cuando se acaban estos 24 meses, la empresa se hace cargo de todos los costes, hasta que llega la edad de jubilación. Durante este período de tiempo puede pagar entre un 80%-100% del sueldo y las cotizaciones de un trabajador por tenerlo en casa. El ahorro para la compañía es el del porcentaje de reducción del sueldo acordado (dependerá de cada caso) y de los costes fijos de un empleado (puesto, electricidad, lugar físico, ordenador, transporte, comida, otros beneficios, etc.).
Por último, está el tema de la jubilación anticipada. En algunos casos, la empresa ha llegado a un acuerdo con sus empleados para que se acojan a la jubilación anticipada. Así, se ahorra unos añitos de sueldo. Pero claro, esto supondría un recorte en la pensión (de entre un 6%-7% menos por cada año de anticipo). Por eso, se suele llegar a un pacto por el que la empresa complementa la pensión o cotiza por el trabajador hasta los 65 años, para que la pensión no se vea reducida.
Los costes para el Estado
Cuando todos los partidos se oponen a las prejubilaciones mezclan en su discurso cuestiones que no tienen nada que ver con esta figura. Por una parte, hablan de la incoherencia de elevar la edad de jubilación mientras se permite que alguien se retire con 50 años. Por otra, denuncian los costes para el Estado. En ocasiones, dejan la imagen en la opinión pública de que un tipo que se jubile con 50 años va a empezar a cobrar la pensión desde esa edad.
Lo cierto es que los costes para el Estado se circunscriben, normalmente, a los dos años de paro que tiene que pagar. Pero esto no es exactamente consecuencia de las prejubilaciones sino de la legislación laboral. La empresa despide a sus empleados y estos se apuntan al paro. A partir de ahí, cobran los dos años a los que tienen derecho por haber cotizado.
Además, el Estado también se puede ver en la obligación de pagar la jubilación anticipada. De nuevo, éste es un derecho de todos los trabajadores, no sólo de los que se acogen a estas prejubilaciones. Los partidos quieren ahora poner un parche a algo que es simplemente la aplicación de la ley.
Por último, el mayor coste puede ser el que no se ve. Alguien que se acoge a una prejubilación paga menos impuestos y, quizás, menos cotizaciones durante muchos años. Con un sistema como el de la Seguridad Social, con numerosas dificultades de financiación, la generalización de este instrumento puede incrementar esos problemas.
Lo que ocurre es que, de nuevo, esto es fruto simplemente de un acuerdo voluntario: si alguien prefiere ganar 80 en casa a 100 en la oficina, ¿quiénes son los políticos para oponerse?
Oportunismo y demagogia
Todo lo anterior indica que detrás de las quejas políticas hay un alto porcentaje de oportunismo y demagogia. Evidentemente, es difícil explicar que mientras se piden esfuerzos a toda la sociedad (retraso edad de jubilación, recorte pensiones...) algunas compañías ofrecen esta posibilidad a sus empleados. Pero lo que hacen empresas y trabajadores es simplemente aceptar los beneficios que ofrece la ley a cualquier parado o a quien quiera aceptar la jubilación anticipada.
De hecho, el camino escogido por el Gobierno para encarecer las prejubilaciones es obligar a las empresas a pagar también los dos años de paro, al menos mientras obtengan beneficios, según ha anunciado Valeriano Gómez. La cuestión es si el cambio legal se aprobará antes de que llegue el ERE de Telefónica. Sus empleados cruzan los dedos para que no sean ellos los primeros damnificados de la nueva norma.