En este ensayo, Alberto Recarte lleva a cabo un riguroso y exhaustivo análisis de los principales indicadores económicos, de los planes del Gobierno y del cumplimiento de sus propuestas económicas. Además, aporta un paquete de medidas para evitar el rescate de la economía española y recuperar la senda del crecimiento.
La pasada semana Portugal solicitó formalmente el rescate a la Unión Europea. Nuestro vecino va a necesitar alrededor de 80.000 millones de euros para hacer frente a las necesidades de refinanciación y cobertura de los déficit públicos programados hasta 2013.
La noticia fue recogida por las bolsas europeas –la española, en particular– con subidas. Por una parte, ya se había descontado –es decir, ya se había tenido en cuenta que Portugal no resistiría– y, por otra, desaparecía un factor que creaba incertidumbre en la zona euro. En consecuencia, la cotización del euro, ayudada también por la subida de 0,25% en los tipos de interés del Banco Central Europeo, alcanzó los 1,44 dólares por euro.
Los mercados financieros, es decir, los inversores de todo el mundo, reaccionaron también a otra noticia: la economía española estaba absolutamente, irrevocablemente, permanentemente, fuera de peligro. Porque España había hecho todas las reformas necesarias. De ahí los elogios a Rodríguez Zapatero en el Financial Times y en el resto de la prensa especializada. A los elogios se sumó el consejero de Economía de la Unión Europea, y Strauss Khan, gerente del Fondo Monetario Internacional. Y, lo más preocupante, el propio vicepresidente Rubalcaba declaró el pasado viernes día 7 de abril que"España ha hecho todas las reformas".
Lo cual es falso. Las reformas sólo han comenzado. Faltan tres: una de ellas, la de nuestro sistema financiero, es compleja pero posible; otra, la del control del déficit del sector público, es decir, de las tres administraciones, es complicadísima, política y económicamente; la tercera, la reforma de la negociación colectiva, que no deja de ser sólo una parte de la reforma del mercado de trabajo, parece ser imposible.
Los políticos europeos –sobre todo Sarkozy, ante el mutismo de Merkel– y los responsables del FMI declaran que España ha hecho ya todas las reformas. Por dos posibles razones: o por desconocimiento o por el deseo de ganar tiempo, aunque sea unos meses, para que el proceso de saneamiento del sistema financiero internacional continúe y se note el efecto arrastre del crecimiento de la economía mundial –que se espera sea de alrededor del 4% en 2011– en las economías más débiles como la española; siempre que lo permitan, eso sí, los precios del petróleo, otras materias primas y muchos productos alimentarios. Quienes no se han sumado al engaño han sido las agencias de calificación de riesgo, Moody’s, Standard and Poors y Fitch –que continúan rebajando la calidad del riesgo español, ya sea público o financiero privado– y el propio Banco Central Europeo. Vayamos con las tareas pendientes.
1. Recapitalización y ordenamiento del sector financiero español
En su último análisis, el Banco de España y el Gobierno español evaluaban en 15.000 millones de euros las necesidades máximas de dinero público que van a necesitar las entidades financieras. Yo estoy más cerca de los 50.000 millones, aunque quiero resaltar que el sistema financiero español, aun reduciendo el volumen total de sus créditos, es capaz de generar 20.000 millones de euros de provisiones anuales gracias a su poder monopolístico sobre todo tipo de operaciones financieras. En España, la banca presta, y monopoliza, todos los servicios financieros: créditos hipotecarios, créditos a corto, descuento de papel comercial, préstamos a largo, seguros de todo tipo, gestión de fondos de inversión y pensiones, gestión de cobro de recibos, gestión de capital-riesgo, transferencias al exterior. Un sinfín de servicios, eficientemente realizados, que permiten que el sistema financiero español vaya cubriendo las pérdidas de sus actividades crediticias en el sector de la construcción, en el de la promoción inmobiliarias y en los servicios e industrias ligados a las primeras. Los créditos totales por esas actividades pasadas todavía suman 400.000 millones de euros. Las pérdidas totales por esos créditos podrían alcanzar los 200.000 millones de euros, cuando el reconocimiento del deterioro se complete. Esas pérdidas se están cubriendo con las provisiones que genera la actividad bancaria ordinaria, ampliaciones de capital y ayudas públicas.
Desde 2007 hasta 2010 las provisiones para hacer frente a esas posibles pérdidas suman alrededor de 100.000 millones de euros. Ha habido, además, ampliaciones de capital y suscripción de emisiones de preferentes perpetuas por valor de otros 25.000 millones de euros. El FROB ha prestado 12.000 millones de euros y el Fondo de Garantía de Depósitos ha aportado otros 3.000 millones de euros. En conjunto, por tanto, la banca había destinado a provisiones y otros fondos propios alrededor de 150.000 millones de euros a finales de 2010. En 2011, el nuevo FROB y las emisiones de acciones de los nuevos bancos de las cajas aportarán otros 15.000 millones de euros. La actividad ordinaria del sistema será capaz de sumar otros 20.000 millones de euros más de provisiones en 2011, por lo que, a finales de este año, se habrán podido provisionar 185.000 millones de euros del total de 200.000 millones de euros de pérdidas totales esperadas.
Faltarían sólo 15.000 millones. A esta cifra habría que sumar cerca de 25.000 millones de euros del coste de reducir el tamaño del sistema, que tiene un exceso de capacidad de, al menos, 45.000 personas. Con lo que las necesidades de recapitalización para 2012 y los años siguientes aumentan hasta los 40.000 millones de euros. Sea esta la cifra, otra mayor u otra menor, lo fundamental es que se trata de cantidades manejables para la economía española. Partiendo de hoy, estamos hablando del 4% al 6% del PIB español. Una cifra inferior a la que han necesitado la mayor parte de los países afectados por el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera y asumible por el sector público español, que tenía una deuda pública del 62,8% del PIB a finales de 2010, frente a promedios del 80% en el conjunto de los países desarrollados.
Lo que querría resaltar es que el proceso de saneamiento del sistema financiero español está a medio camino, y que a finales de 2011 todavía serán necesarias provisiones por un mínimo de 40.000 millones de euros.
2. El control del déficit público
En 2011, el objetivo de reducir el déficit público hasta el 6% del PIB en el conjunto de las tres administraciones públicas se tiene que plasmar en un aumento de los ingresos públicos y una reducción del gasto público total. Directamente, pasar del 9,25% de déficit público de 2010 al 6% de 2011 se traduce en un ajuste de 35.000 millones de euros. A esa cifra hay que sumar el aumento de los gastos financieros que suponen los cerca de 99.000 millones de euros más de deuda pública de 2010 hasta alcanzar un total de 668.000 millones de euros. Esos intereses adicionales serán de, al menos, otros 4.000 millones de euros y el aumento del coste de financiación de la parte del resto de la deuda (520.000 millones de euros) que vence en 2011 se podría traducir en otros 1.500 millones de euros. En consecuencia, el ajuste de ingresos y gastos públicos para 2011 suma, en total, algo más de 40.000 millones de euros. Por supuesto que no se han hecho las reformas necesarias para alcanzar ese objetivo. Pero veámoslo en números, distinguiendo entre ingresos y gastos.
Los ingresos impositivos totales en 2011
El Gobierno esperaba, en promedio, un incremento del conjunto de ingresos públicos de alrededor del 5,7% sobre los logrados en 2010, lo que se traduciría en alrededor de 9.000 millones de euros más por todos los conceptos. Gracias a la "recuperación económica" y a las "modificaciones fiscales en IRPF, IVA, e Impuestos Especiales".
El Gobierno esperaba que crecieran un 6,2% los ingresos por IRPF y un 9,3% por el Impuesto sobre Sociedades. Una evolución, en mi opinión, imposible, porque el empleo no ha crecido y las sociedades van a pagar menos impuestos que en 2010.
Los ingresos por Impuestos Especiales se esperaba que crecieran un 2,3%. También será difícil que continúen haciéndolo, porque ha caído la recaudación de impuestos por venta de tabaco, tanto por el aumento del precio como por las menores ventas a extranjeros y por el crecimiento del contrabando. En el mejor de los casos, los ingresos por impuestos especiales permanecerán estancados.
Los ingresos por IVA crecerán, aunque menos que el 7,3% que esperaba el Gobierno. Aumentará la recaudación por el aumento de los tipos y por el aumento de los precios, pero es evidente que el consumo privado crecerá menos de lo esperado. En conjunto, como máximo, podría aumentar un 4%.
El resto de ingresos públicos por otros impuestos y tasas de la administración central, las autonomías y la local podrían incrementarse quizá en 1.000 millones de euros, pero este sí que es un cálculo imposible.
En conjunto, por tanto, la suma de estos factores podría resultar en un estancamiento de los ingresos públicos totales en 2011. Lejos del aumento esperado de 9.000 millones de euros. Si esto fuera así, todo el esfuerzo de control del déficit público recaería sobre los gastos de las tres administraciones, que tendrían que hacer frente a 40.000 millones de euros de ajuste.
La otra partida fundamental de ingresos públicos son las cotizaciones sociales, que el Gobierno creía que se incrementarían en un 2,9%, hasta los 110.000 millones de euros. Una evolución casi imposible a la vista de la evolución del empleo en el primer trimestre del año. Lo lógico, si la situación mejorara, sería repetir los ingresos de 2010. Si esto fuera así, los ingresos públicos esperados por este concepto se reducirían en 3.000 millones de euros. Por su parte, el gasto esperado de la Seguridad Social estaba previsto que creciera en 2.000 millones de euros aproximadamente. Es casi seguro que el aumento del desempleo y las jubilaciones anticipadas elevarán esa cifra en, al menos, 1.000 millones de euros más. En conjunto, por tanto, el superávit esperado de la Seguridad Social, de algo más de 4.000 millones de euros, se podría traducir en un equilibrio en el mejor de los casos.
Globalmente, por tanto, los ingresos públicos, lejos de crecer en 9.000 millones de euros por impuestos, 1.000 millones de euros por otros impuestos y tasas de las tres administraciones y 1.000 millones de euros por la Seguridad Social, disminuirían en casi 3.000 millones de euros.
El ajuste global para alcanzar el 6% de déficit del PIB en 2011 habría que hacerlo, en su totalidad, con reducción del gasto público de las tres administraciones. El ajuste, numéricamente, tendría que ser de casi 44.000 millones de euros.
El ajuste del gasto público en 2011
- El gasto de los ayuntamientos: El último año para el que se tienen cifras consolidadas del gasto total de las entidades locales –2008– cifraba en 45.000 millones sus gastos corrientes anuales. A los que habría que añadir alrededor de 10.000 millones de euros en inversiones. En 2010, los ayuntamientos ya ajustaron sus gastos corrientes y de inversión en una cantidad indeterminada, pero significativa, ante la imposibilidad de pagar a sus proveedores y acreedores e incluso a sus empleados. Es posible que el ajuste en 2011 sea todavía muy considerable sobre el de 2010. Podemos suponer que entre menores gastos corrientes y menores inversiones su gasto total se puede reducir en 7.000 millones de euros. De ellos, 5.000 millones en gasto corriente y 2.000 millones en inversiones.
- El gasto de las autonomías: En 2009, el gasto conjunto de todas ellas debió de alcanzar los 180.000 millones de euros, teniendo en cuenta gasto corriente e inversiones. Desconocemos la cifra de 2010, pero seguro que se redujo por la presión del Gobierno a partir del mes de mayo. La ausencia de financiación, que tiene que autorizar el Gobierno, redujo el gasto autonómico total en, al menos, un 6%. Es posible, por tanto, que el gasto total se redujera hasta los 170.000 millones de euros. Por lo que sabemos de los diferentes presupuestos autonómicos para 2011, el gasto total podrá volver a reducirse –en el mejor de los casos– en un 8%, lo que significa un ajuste de 14.000 millones de euros. Un objetivo difícil de alcanzar, como demuestra el conflicto con la autonomía catalana, que quiere gastar 3.000 millones de euros más de lo que se le ha autorizado inicialmente.
- El gasto de la administración central: El ajuste en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 alcanza un 7,9% sobre lo gastado en 2010; lo que significa alrededor de 11.000 millones de euros. Un objetivo complicado por la evolución del paro registrado, que incrementará el gasto presupuestado por este concepto.
- Conclusión: El gasto conjunto de las tres administraciones podría reducirse, en el mejor de los casos, en alrededor de 32.000 millones de euros. Si las apreciaciones que se han hecho sobre intereses, presupuesto de la Seguridad Social y evolución de los ingresos totales son correctas, el ajuste se quedaría corto en 12.000 millones de euros.
Venta de activos
El déficit público de 2011 podría ser, pues, del 7,1% del PIB en lugar del 6%. Consciente de esta situación, el Gobierno se ha planteado vender cualquier tipo de activos. De los restos de participaciones de la SEPI (Red Eléctrica, Iberia, Ebro,...) se espera lograr alrededor de 900 millones de euros. De la venta del 30% de Loterías se quiere conseguir, al menos, 6.000 millones de euros. De la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona y del 45% de AENA se espera lograr alrededor de 10.000 millones de euros. Si todas esas ventas se llevaran a cabo podría haber ingresos extraordinarios de 17.000 millones de euros, con lo que se conseguiría mejorar el 6% de déficit acordado.
Las dificultades para 2011
Hemos visto que en 2011 podría alcanzarse el objetivo del 6% con unos ingresos extraordinarios de 17.000 millones de euros. Lograr esos ajustes no será fácil. El gasto de los ayuntamientos tendrá que disminuir más de un 15%, el de las autonomías el 8% y el del Estado un 7,9%. Y conseguir un ingreso de, al menos, 17.000 millones de euros con la venta de los activos mencionados. El ajuste sería más fácil si los ingresos públicos aumentaran en 9.000 millones de euros y los de la Seguridad Social en 1.000 millones sobre las cifras de 2010. Para lograrlo sería necesario que la economía creciera, al menos, el 1,3% programado por el Gobierno y, que el empleo aumentara en 60.000 personas, el desempleo se redujera en 100.000 personas y el precio del petróleo fuera de 80 dólares/barril.
El Banco de España ha rebajado el crecimiento previsto para 2011 al 0,8% y el de 2012 al 1,5% frente al 1,3% y el 2,2% del Gobierno. Con estas cifras de crecimiento será muy difícil recaudar más y gastar menos.
La dramática situación para 2012
El objetivo de déficit público para 2012 es el 4,4% del PIB de ese año. Eso supone un ajuste inicial, entre mayores ingresos públicos y menores gastos de las tres administraciones, de otros 18.000 millones de euros sobre el 6% del PIB de 2011. A esta cifra hay que sumar el peso de los intereses de otros 65.000 millones de euros de nueva deuda pública, lo que significará alrededor de 2.600 millones de euros más, junto con cerca de 1.000 millones por mayores intereses de la deuda refinanciada. En conjunto, por tanto, el ajuste debería ser de 21.600 millones de euros.
Esa cifra tiene que incrementarse con los ingresos extraordinarios de 2011, que no se repetirán en 2012. Estamos hablando de un mínimo de 17.000 millones de euros. Por eso, el auténtico esfuerzo presupuestario tendrá que ser de alrededor de 39.000 millones de euros.
Si en 2012 la economía española creciera lo que dice el Gobierno (un 2,2% desde abril, según el nuevo cuadro macroeconómico que sustituye al 2,5% del cuadro negociado con la Unión Europea y el FMI), los ingresos fiscales por todos los conceptos podrían crecer más de un 3%. Si tiene razón el Banco de España, el crecimiento de los ingresos podría ser del 2%, aproximadamente. En total, alrededor de 8.000 millones de euros. En ese caso, sería necesario reducir el gasto público en otros 31.000 millones de euros. Una reducción tan importante sólo podría hacerse reduciendo el gasto de las autonomías en 25.000 millones de euros, un 16% adicional sobre su total de gasto (si en 2011 el gasto conjunto se hubiera reducido a 150.000 millones de euros) y el de la administración central en otros 6.000 millones de euros.
El esfuerzo tendría que ser mayor si la Seguridad Social no lograra el superávit previsto de 4.000 millones de euros. El esfuerzo total de reducción del gasto sería no de 31.000 millones de euros sino de 35.000 millones de euros. Un 3,5% del PIB.
Una reducción del gasto de esa cuantía, tras la de 2011, haría imposible que la economía creciese al 2,2%, y difícilmente lograría el 1,5%. Lo lógico sería un crecimiento muy reducido, que no generaría un aumento significativo de los ingresos públicos. Nos encontraríamos en el mismo tipo de círculo vicioso que afecta a Grecia, al Reino Unido y que, sin duda, afectará a Portugal.
3. Las reformas pendientes
La única manera de escapar de esa trampa, que podría terminar en un rescate financiero, con las consecuencias trágicas que está teniendo para Grecia e Irlanda –en menor grado– y que también afectará a Portugal, es hacer las reformas que necesita la economía española. Que es bien diferente de decir que ya se han hecho, como repiten los portavoces de la Unión Europea, el FMI y el Gobierno de Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba. Un plan sencillo, pero políticamente difícil:
- Reducción acelerada de gastos públicos innecesarios: Desde inversiones públicas a excesos de transferencias a todo tipo de empresas, entes o fundaciones públicas o semipúblicas.
- Acelerar la recapitalización de las cajas de ahorro: No podemos esperar otros dos años a que el sistema financiero genere los recursos que necesita a costa de reducir el crédito a las empresas y familias solventes que pudieran solicitarlo.
- Reformar la negociación colectiva, eliminando la ultraactividad de los convenios, eliminando la obligatoriedad de que una empresa tenga que integrarse en un sector determinado y cumplir el convenio, sectorial, provincial o nacional que le corresponda. Cada empresa tendría que negociar su convenio con los representantes de los trabajadores en esa empresa.
- Prohibir la financiación pública de los sindicatos y de la CEOE, tanto a nivel estatal como autonómico, provincial o local.
- Fijar por ley un límite al gasto de las autonomías; lo que es perfectamente constitucional en contra de lo que ha afirmado recientemente el presidente Rodríguez Zapatero.
- Llevar a cabo una reforma fiscal que reduzca las cotizaciones sociales y el impuesto sobre sociedades, al tiempo que incrementa el tipo del IVA y el de las rentas del capital.
En mi opinión, sólo si se hacen todas esas reformas, rápida y simultáneamente, será posible que la economía española vuelva a crecer más del 2% a partir del 2012. Y si no crecemos seremos incapaces de cumplir con los objetivos de déficit público acordados con la Unión Europea y el FMI. El rescate sería inevitable y la crisis que se produciría afectaría no sólo al euro sino a la estructura política y económica de la propia Unión Europea.