La situación de progresiva debilidad política que atraviesa el gobierno socialista de Andalucía a causa de los escándalos que acorralan a su ejecutivo y la proximidad de las elecciones municipales que se adivinan nefastas para ese partido, tal vez expliquen la urgencia con que la Junta ha decidido poner en marcha diversas iniciativas legislativas, la más llamativa de las cuales es un decreto, actualmente en preparación, cuyo objetivo es legalizar las decenas de miles de viviendas construidas ilegalmente con la autorización de los ayuntamientos, en su gran mayoría socialistas, y gracias a la vista gorda de los organismos responsables en materia urbanística de la comunidad andaluza.
Se trata de una norma que la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, está redactando con el fin de convertir en legales un número altísimo de viviendas clandestinas (con seguridad más de cien mil) que han sido edificadas preferentemente en zonas costeras, sin cumplir los requisitos que establece la vigente ley de ordenación del territorio andaluz.
De esta forma, el régimen jurídico de planeamiento urbanístico en Andalucía queda derogado de facto, puesto que será este decreto el que determine, con un alto grado de discrecionalidad, qué viviendas pueden obtener una licencia de ocupación y cuáles otras permanecerán en el limbo legal que actualmente existe en gran parte de la costa andaluza debido a los desafueros municipales y la desidia autonómica.
El Ayuntamiento socialista de Chiclana es, tal vez, el epítome del disparate urbanístico, con más de treinta mil viviendas construidas ilegalmente que ahora podrán ser transformadas en lícitas y contar, de paso, con un servicio de alcantarillado público. Pero no sólo se trata de los alrededores de Cádiz, por cierto, zona controlada por el "clan de Alcalá" que tantos problemas está causando al presidente andaluz José Antonio Griñán, sino que los efectos de esta norma se extenderán a las ocho provincias andaluzas, cuyos principales ayuntamientos ya han acordado con la Junta de Andalucía los términos en que van a ser bendecidos legalmente los graves escándalos urbanísticos que han protagonizado a lo largo de la última década.
Es el caso de 32 localidades del Valle de Almanzora (Almería) y la Axarquía (Málaga), que van a tener el honor de ser los primeros en regularizar los desmanes inmobiliarios existentes en sus términos municipales. En la zona de Almanzora se estima la existencia de unas 5.000 casas construidas sin los debidos permisos, una gran parte de ellas propiedades de ciudadanos extranjeros, principalmente británicos. Por su parte, la comarca de la Axarquía de Málaga, cuenta con más de 11.000 viviendas edificadas ilegalmente, aunque el número definitivo está sujeto a las labores de inspección que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo, para decidir cómo y dónde va a aplicar este decreto "purificador" del urbanismo que ella misma se ha encargado de degradar con su dejación de funciones.
Los órganos nacionales del PSOE, distinguidos por su crítica a "la cultura del ladrillo", tienen en sus compañeros andaluces el ejemplo perfecto de eso mismo que critican, pues resulta difícil encontrar otra zona de España en que la especulación urbanística haya llegado a unos niveles tan obscenos. Pero no hay de qué preocuparse. Los mismos que ampararon el desastre, cobrando las oportunas licencias de obra, ahora lo validan gracias a un decreto que ellos mismos se encargarán de aplicar. Por supuesto, según el color del ayuntamiento de que se trate, asunto sobre el que el PP andaluz probablemente tenga algo que decir en los próximos días.